El Camino de la Guerra

<<Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado>>

 Articulo 13 Declaración Universal de los Derechos Humanos

 

La situación de los inmigrantes salvadoreños en Honduras comenzó a deteriorarse a partir de 1954, durante la presidencia de Julio Lozano Díaz. Bajo el gobierno liberal de Ramón Villeda Morales, esta se deterioró aún más. Fue durante este gobierno que se iniciaron junto con las sistemáticas campañas de prensa, radio y televisión contra los salvadoreños, las primeras expulsiones violentas.

En la noche del 10 de junio de 1962, las autoridades hondureñas condujeron al puente de Goascorán (límite fronterizo entre El Salvador y Honduras) a 58 familias salvadoreñas expulsadas. Habían sido capturados en sus domicilios o lugares de trabajo con el pretexto de <<ser reclamados por las autoridades salvadoreñas>>. Este tipo de atropellos eran cometidos por grupos de vigilantes, la Guardia Civil Departamental y la Guardia Civil Móvil.

 

Niños hondureños de padres salvadoreños completamente extenuados en un albergue.

El gobierno hondureño, ante la reacción de las autoridades salvadoreñas, admitió la posibilidad de un error de sus agentes aduciendo que estos desconocían que las familias expulsadas eran residentes legales en ese país. Según el presidente hondureño <<la oficina de migración establecida en El Amatillo aviso que un número considerable de familias salvadoreñas había cruzado la frontera con dirección al Departamento de Olancho, careciendo estas de la documentación indispensable para radicarse en Honduras>>

Ya desde esa época, hasta la actualidad incluso, las circunstancias por las cuales atravesarían los salvadoreños residentes en Honduras, sufrirían de este tipo de declaraciones en nada apegadas a la verdad, por parte de las autoridades hondureñas.

Resulta difícil creer que los agentes de migración hondureños, dejaran cruzar la frontera a un grupo numeroso de familias salvadoreñas indocumentadas, sin haber cumplido con su deber de impedir ese ingreso, dando luego aviso de los hechos a las autoridades superiores.

Al mismo tiempo, las medidas migratorias hacia los salvadoreños se endurecieron. El Ministerio del Interior de El Salvador emitió el 15 de mayo de 1962, el siguiente boletín:

<< Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior ha recibido informe detallado del Cónsul de El Salvador en Puerto Cortés, Honduras, acerca de que los salvadoreños residentes en el hermano país siguen siendo asediados en distintas formas por las autoridades locales hondureñas, lo mismo que por los Gobernadores Departamentales, quienes emiten órdenes y sugerencias enérgicas con relación al complicado problema de la residencia, tales como: legalización de su estadía en el territorio nacional y portación de la cédula de identidad hondureña. Ese procedimiento implantado es como para que nunca se pueda encontrar merecida y favorable resolución de los atestados requeridos, y los requisitos que formalizan la disposición gubernativa están reforzados con recursos del dominio y voluntad de la dependencia oficial respectiva>>.

Por lo revelador de su contenido, nos permitimos compartir la <<Carta Semanal>> del 14 de abril de 1962 de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, con sede en San Pedro Sula,  que informaba lo siguiente:

<<De verdadero interés nacional debemos considerar el problema de las familias salvadoreñas detenidas por las autoridades de inmigración de Olancho por indocumentadas y llevadas al Amatillo para su reingreso a su país de origen. Aparte del aspecto ilegal de su ingreso a Honduras, el caso se presta para hacer otras consideraciones de mayor importancia en relación con problemas de carácter social que estamos confrontando los propios hondureños, problemas a los cuales todavía no se les ha encontrado adecuada y permanente solución para que pudiéramos recibir con los <<brazos abiertos>> a inmigrantes de otros países aun cuando se trate de los <<vecinos y hermanos>> puesto que en los asuntos a que nos vamos a referir el patriotismo más elemental, si así se puede decir, nos obliga a pensar, sentir y actuar como verdaderos hondureños>>

<<El problema de mayor envergadura que confrontamos los hondureños es el del desempleo. En otras ocasiones, al analizar este asunto, hemos dicho que podría resolverse consiguiendo que REGRESEN A SU PAIS DE ORIGEN los inmigrantes que llegaron a este sector norteño atraídos por la abundancia de trabajo en los grandes centros bananeros, lugares éstos en donde, como todos sabemos, se ha registrado un gran decaimiento en todas las actividades debido a las enfermedades del banano y a la cada día más fuerte competencia ecuatoriana. Es tan agudo este problema que ya el señor Presidente de la República, Dr. Ramón Villeda Morales, esbozó en una reunión rotaria un proyecto de colonización a base del reparto de tierras cedidas por las Compañías Bananeras, facilidades crediticias del Banco Nacional de Fomento, cooperación del Instituto de la Vivienda y del Ministerio de Sanidad, contando como mayor factor para el éxito para el proyecto en su completo desarrollo con el financiamiento de organismos del exterior vivamente interesados en la pronta solución del problema social hondureño. En esa ocasión nosotros preguntamos al señor Presidente si se trataba de un proyecto de colonización exclusivamente para beneficio de familias netamente hondureñas, y él de inmediato nos contestó que <<sí>>. Este, pues, el problema del desempleo, está en todo su apogeo y mal haríamos en permitir que se agrave con el ingreso a nuestro país de trabajadores de los países vecinos que vendrían a disputar abiertamente a los hondureños las pocas oportunidades de trabajo que se presentan>>.

<<Por otra parte, tenemos que reconocer que las familias salvadoreñas que han ingresado a Honduras buscando la zona olanchana, precursora quizás de un mayor número de familias, obedece a UN PLAN PRECONCEBIDO DE INVASION DE NUESTRAS RESERVAS DE BUENAS TIERRAS, algo que amerita una investigación a fin de que se puedan dictar todas aquellas medidas de seguridad y de respeto a nuestras leyes. Obsérvese que esas familias han ingresado al país en momentos en que los hondureños nos encontramos enfrascados en una campaña política de grandes dimensiones que nos mantiene con los ojos abiertos únicamente para ver los movimientos del adversario, en forma recíproca. No debemos olvidar que en esa misma forma o cometiendo ese mismo pecado, ya hemos perdido grandes extensiones de buenas tierras en las fronteras con los países hermanos que siempre han visto en Honduras al país de las fáciles mordidas>>.

<<Como un grave error de la geografía que se enseña en nuestras escuelas, se nos ha metido en la cabeza, con raras excepciones, que contamos con tierras abundantes e inagotables en relación con el número de habitantes del país. Pero en los últimos años, a medida que hemos entrado al estudio sereno y juicioso de nuestros verdaderos problemas actuales con proyecciones hacia el futuro, basado en estadísticas y en un mejor conocimiento de nuestra realidad geográfica, ya sabemos que somos verdaderamente pobres de buenas tierras y que, veinte años adelante si tomamos como índice de crecimiento demográfico las comparaciones del último censo de población, para esa época nuestro problema agrario se habrá agudizado no por el acaparamiento de tierras sino por la falta de la tierra misma para un mayor número de hondureños que quieran trabajarla porque vamos acercándonos a los tiempos en que será feliz el que tenga en propiedad una parcela de buena tierra para cultivarla con amor>>.

<<Por eso nosotros creemos que se impone la necesidad de estudiar detenidamente y con verdadero patriotismo la inmigración a nuestro país. NO SE TRATA ÚNICAMENTE DE OBLIGAR AL INMIGRANTE A DOCUMENTARSE. ¿A qué viene?, ¿Qué trae?, Esas preguntas que se hacen a los hondureños cuando manifiestan su intención de radicarse en otro país, por más documentados que vayan. <<En las buenas tierras que hoy defendamos sintiendo, pensando y actuando como verdaderos hondureños, estará la felicidad de nuestras futuras generaciones>>

 

Estos eran los enemigos de Honduras. La señora María Vásquez, quien se presentó a la Cruz Roja acompañada de sus 4 hijos, procedente de la población hondureña de Florida Copán. La compatriota informo que su esposo Efraín Deras, agricultor, salvadoreño, fue detenido por soldados hondureños, quienes le exigían que revelara las posiciones de nuestro ejército en el frente de guerra, a lo que él les respondió que prefería morir defendiendo a la patria. Al pedirle sus papeles migratorios y este no dárselos, fue muerto con yataganes frente a sus hijos y esposa, quienes lograron huir por las montañas hasta la frontera.

 

En esta publicación podemos advertir ya algunos rasgos que con el tiempo se harían distintivos de la costumbre de la vecina nación de buscar una especie de <<válvula de escape>> para sus problemas de índole política y económica, con problemas deportivos, fronterizos o con los salvadoreños residentes en ese país. También podemos apreciar la acusación claramente formulada acerca de que los inmigrantes salvadoreños eran considerados un peligro nacional, cargo que a la larga terminaría convirtiéndose en el fantasma de la <<quinta columna>> como se verá más adelante.

Durante el mismo período de tiempo, a principios de 1960, las naciones centroamericanas se encontraban buscando la liberalización del comercio de la región, enmarcado en un Mercado Común centroamericano (MERCOMUN).

El interés salvadoreño en la integración económica fue, en su momento, un proyecto estratégico para la supervivencia del País, ya que la presión demográfica era alta: mientras Centroamérica tenía un promedio de 36 habitantes por kilómetro cuadrado, en el salvador esta proporción llegaba a los 178.   

Sin embargo poco después de su creación, se hizo evidente que el país más beneficiado con el tratado sería El Salvador, ya que sus exportaciones aumentarían en seis veces, mientras que las de Honduras, el país más afectado, sólo crecerían en un 50% y por lo tanto, quedaría relegado a la categoría de nación satélite. Para ese entonces, El Salvador dominaba el 30 % del comercio dentro de Centroamérica, apoderándose de una importante parte del mercado hondureño, opacando así a los sectores industriales de ese país. Después de 6 años de integración las diferencias en el nivel de desarrollo aumentaron. Si en 1960 el valor de la producción industrial de Honduras correspondía al 78.5% de la salvadoreña, en 1967 descendió hasta representar el 47.8%. Este hecho provoco que empezara a crecer un resentimiento entre los sectores económicos hondureños y disparó su denuncia de los acuerdos comerciales firmados entre los dos países, ya que sentían que su contraparte salvadoreña estaba haciéndose rica a sus expensas.

Para empeorar las cosas, los cambios políticos en Honduras terminarían trayendo un considerable enfriamiento a las relaciones con El Salvador. El 3 de octubre de 1963, se produce un golpe de estado en Honduras, tomando el poder el coronel Oswaldo López Arellano y esto tendría que ver directamente con el tratamiento de los hondureños hacia los campesinos salvadoreños viviendo en su país, volviéndose más y más hostil.

Con el paso del tiempo, hacendados hondureños, quienes ejercían gran influencia en la escena política, también comenzaron a sentirse dañados por la presencia de campesinos salvadoreños, argumentando que esta situación sólo beneficiaba al país vecino. Las tierras ocupadas por salvadoreños adquirieron mayor plusvalía y los terratenientes, que pusieron sus ojos en estas, pensaron en el desalojo. Poco después, ellos también empezarían a presionar al gobierno, exigiendo la expulsión de los salvadoreños que no habían querido obtener la nacionalidad hondureña. Como resultado, tuvo lugar la expulsión violenta de algunas familias salvadoreñas y también agregado a esto,  la negación a los servicios de salud y educación para aquéllos que permanecieran en el país.

La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) apoyaba la extensión de los grandes latifundios de sus miembros a costa de la tierra del Estado y como los campesinos inmigrantes salvadoreños generalmente  estaban asentados en tierras estatales el poderoso gremio ganadero lanzó una gran campaña contra todo lo salvadoreño en Honduras. El gobierno hondureño decidió resolver la crisis agraria mediante una maniobra diversionista que en aquel momento, parecía ser una solución de bajo costo  político: la expulsión de los campesinos precaristas salvadoreños  de las tierras nacionales que ocupaban de hecho desde muchos años atrás y la aplicación sin contemplaciones del artículo 68 de la vieja ley agraria de Villeda Morales que establecía la ciudadanía hondureña por nacimiento como condición para ser beneficiario de los programas de distribución  de tierras del Instituto Nacional Agrario (INA) La reforma agraria tenía un objetivo eminentemente político: disminuir la conflictividad social en el medio rural  apelando a un nacionalismo reaccionario  dirigido exclusivamente contra la minoría salvadoreña, ya que no se pretendía afectar a las compañías bananeras extranjeras que junto con los latifundistas nacionales concentraban las tierras más fértiles del país. Por otro lado también existían beligerantes movimientos obreros y campesinos, que presionaban porque se aplicara esta reforma agraria. El Diario Latino de El Salvador, informaba en su edición del 2 de junio de 1969, que << campesinos hondureños, armados con pistolas y machetes, están en Honduras invadiendo propiedades particulares, apoderándose de las mismas>>. Por supuesto el gobierno hondureño pretendió como parte de su campaña anti salvadoreña la división del campesinado de Honduras, de acuerdo a las líneas nacionales, esto es, entregar las tierras de campesinos salvadoreños a sus similares hondureños.

Los dos gobiernos comenzaron negociaciones encaminadas a resolver el problema y regular el flujo de salvadoreños hacia Honduras.  Se firmaron tres acuerdos de inmigración (protocolos), el primero de ellos en El Amatillo en 1962 seguido por dos en 1965, uno en la población hondureña de Márcala, y  el siguiente en la ciudad salvadoreña de San Miguel. Este último entro en vigencia el 25 de enero de 1967 y se especificaba la documentación de los inmigrantes de un país, y contenía una cláusula que establecía, que una vez vencido, el tratado podría ser renovado solamente una vez por un periodo de 2 años, por medio de un simple intercambio de notas entre los ministros de relaciones exteriores de ambos países. Cuando este tratado expiro en enero de 1969, el gobierno hondureño se negó a renovarlo por otro periodo de 2 años. Todavía en marzo de 1968, los mandatarios de ambos países celebraron otra reunión amistosa en El Tamarindo, El Salvador.

Mientras los dos gobiernos estaban negociando, en Honduras se formaron grupos armados extra-oficiales con el propósito de perseguir y controlar a los salvadoreños que vivían en el país. Uno de ellos, llamado << la Mancha Brava >>, grupo paramilitar que organizó  para este fin grupos de afiliados entre empleados públicos, privados y estudiantes universitarios. Estos fueron los encargados de colocar distintivos en las casas de los identificados como de nacionalidad salvadoreña. Estas eran una placas de lámina pintadas de blanco, de 8×5 pulgadas. Durante este registro se les interrogaba acerca de sus años de residencia en el país, si eran legales o no, número de miembros de la familia y acerca de las posesiones que pudieran tener.

Actos esporádicos de violencia fronteriza sucedieron durante este período, siendo uno de los más sonados el caso del hondureño Antonio Martínez Argueta. Este individuo, que cometió graves delitos en nuestro territorio (incendios, asesinatos, robos, secuestros, etc.) fue capturado por la Guardia Nacional de El Salvador el 25 de mayo de 1967, al ser reclamado por el juez de primera instancia de lo criminal de Santa Rosa de Lima, que lo condeno a 20 años de prisión por el homicidio de Alberto Chávez, cometido en territorio salvadoreño.

La captura de este delincuente causo conmoción en Honduras, debido a su parentesco político con López Arellano y provoco una represalia inmediata: el 29 de mayo de 1967 una patrulla compuesta por 11 guardias nacionales y 2 civiles, bajo el mando del sargento Orellana y que desempañaban una misión rutinaria, cayeron en una emboscada preparada por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras y secuaces armados de Martínez Argueta, violentando el territorio nacional.  El saldo fue de 3 guardias muertos (José del Carmen Guardado Reyes, Carlos Moran Chávez y José Rene Santos),  2 hondureños muertos; 2 guardias (Pablo Paz y Salvador Gómez Rivera) y 3 civiles salvadoreños presos; 4 hondureños presos.

Luego de este incidente, el gobierno hondureño reforzó su frontera oriental con contingentes militares en Marcala y en el sector de El Amatillo. El 1 de junio de 1967 tropas de infantería hondureñas penetraron en el caserío Sabanetas pretendiendo llegar al cantón Llano del Muerto, jurisdicción de Perquín, Departamento de Morazán. Capturaron a numerosos civiles salvadoreños y los condujeron prisioneros a su territorio. Apenas llegados estos soldados se dedicaron a intimidar a los habitantes y a exigirles que abandonaran la zona, asegurando que se trataba de territorio hondureño. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron obligados a dejar sus hogares y trasladarse a Perquín, mientras las tropas hondureñas se situaron a 1 kilómetro de dicho lugar.

Debido a las continuas agresiones hondureñas en nuestra frontera, el Presidente de El Salvador, coronel Julio Adalberto Rivera, ordeno el 4 de junio de 1967 la movilización y decreto el estado de emergencia.  No obstante el status quo se conservó. Este suceso origino una muy bien montada campaña hondureña en el campo externo, para difundir cartas, títulos y otra clase de documentos indicando como oficialmente propios, los territorios reclamados por El Salvador. Para estas fechas, Honduras mantenía grandes contingentes de tropas en su frontera sur con El Salvador, aun cuando las fuerzas salvadoreñas destacadas en la zona no eran tropas regulares sino guardias nacionales en custodia de los puestos fronterizos.

El 5 de junio del mismo año, sucedió otro hecho perturbador para la paz de ambas naciones. 2 camiones de soldados, con 41 elementos de tropa al mando de dos subtenientes salvadoreños, cruzaron hacia territorio hondureño por la frontera de El Poy sin motivo esclarecido. Al llegar al portón principal del cuartel de Nueva Ocotepeque, fueron hechos prisioneros. La cancillería hondureña informo al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador que los capturados fueron trasladados a Santa Rosa de Copan. Ambas situaciones dieron lugar a una lucha diplomática y política. Honduras se negaba a entregar la tropa y armamentos salvadoreños capturados, a menos que se entregara a Martínez Argueta.

El 1 de julio de 1967 recibió su investidura como Presidente de El Salvador el general Fidel Sánchez Hernández. Un año después, la Asamblea Legislativa de El Salvador por mediación del Presidente de la República, concedió la amnistía al reo Antonio Martínez Argueta e inmediatamente fue conducido a la frontera, mientras que Honduras entregaba los oficiales y tropa retenidos en Santa Rosa de Copan. Este arreglo, calificado de antijurídico e inconstitucional, pero sensato para la convivencia pacífica, motivo que los medios informativos hondureños exaltaran su nacionalismo en menoscabo de la dignidad de los salvadoreños.

Otros acontecimientos se suscitaron en julio de 1967 y diciembre de 1968, oportunidades en que ambos países movilizaron sus fuerzas armadas y desplegaron medios en la frontera.

En el mes de septiembre de 1968, se decretó una huelga en la cual participaron industriales, obreros y comerciantes en la costa norte y el estudiantado universitario de Tegucigalpa. La huelga era en contra de los impuestos al consumo, la cual solamente pudo ser sofocada debido al Estado de Sitio y al empleo de las Fuerzas Armadas hondureñas.

Durante los días siguientes, el gobierno hondureño realizo una campaña de desarme en la población civil, supuestamente contra la delincuencia, pero esto rápidamente degeneró en acciones dirigidas  contra salvadoreños. De acuerdo a  David R. Calderón, expulsado de Honduras y quien escribió <<Orígenes de la Mancha Brava>>, este desarme se hizo con el fin de no encontrar oposición armada en los salvadoreños que luego serían perseguidos.

Fue este el escenario en el cual se celebró la eliminatoria por la copa Jules Rimet, el  campeonato mundial de futbol, a celebrarse en México en 1970. La CONCACAF solo disponía de 2 plazas de las 16 totales, de la cual una ya estaba asignada a México por ser el país anfitrión. Llego el turno de enfrentarse a las selecciones de El Salvador y Honduras por la clasificación como parte de la 2° ronda de juegos.

Los hondureños recién habían eliminado a la selección de Costa Rica y ya daban por sentada la clasificación a la cita mundialista cuando llego el turno de la selección salvadoreña, de enfrentarlos para el primer partido de la eliminatoria. Este se realizó el 8 de junio de 1969 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, con resultado de 1 a 0 a favor de Honduras.

Nuestros seleccionados y aficionados fueron recibidos como enemigos, no como deportistas. Durante el partido el Himno Nacional de El Salvador fue ejecutado a un ritmo diferente al correspondiente, lo cual fue considerado una afrenta a la dignidad nacional. Eufóricos por su triunfo, los hondureños iniciaron disturbios que provocaron todo tipo de atropellos en los salvadoreños residentes en Honduras y a los aficionados que viajaron a dicho país, a quienes se les despojo de sus bienes y les fueron incendiadas sus viviendas.

El diputado Javier Penagos Pellesser, quien visito Honduras para presenciar el encuentro deportivo, dijo que cuando los salvadoreños llegaban a los restaurantes y bares, los lugareños los recibían con insultos como <<rateros>>, <<ladrones>> y <<asesinos>>.

A continuación se debía realizar un segundo partido en El Salvador. Los hondureños arribaron el 13 de junio de 1969 para la revancha deportiva y encontraron una conducta similar aunque no igual de parte de los salvadoreños. La afición quiso pagar con la misma moneda, la famosa << serenata >> dada a nuestra selección en Honduras. Los jugadores del vecino país nunca estuvieron en peligro durante su estadía en el hotel, pero si, la multitud congregada alrededor del Gran Hotel San Salvador estaba dispuesta a no dejarlos dormir como los hondureños habían hecho con los nuestros en su país.

La afición salvadoreña apoyaba decididamente a su equipo que resultó ganador por 3 goles a 0 en el encuentro disputado en el Estadio Nacional de la Flor Blanca. Los hondureños recibieron la derrota como una afrenta nacional y su descontento fue total, reaccionando con violencia. En Honduras los almacenes de salvadoreños fueron saqueados y recrudeció la persecución de nuestros connacionales.

En San Salvador se dieron ciertos desordenes las noches anteriores al 2° encuentro futbolístico. Estos actos fueron atribuidos por la autoridad a <<agitadores comunistas que se amparaban en el entusiasmo de la verdadera afición>>. Pero estos actos no fueron cometidos teniendo como blanco a los hondureños residentes en El Salvador, como se hizo creer en Honduras.

Los hondureños residentes en el país no fueron objeto de actos de violencia ni de campañas sistemáticas de odio en los medios de prensa. Las autoridades y medios de comunicación hondureños exageraron posteriormente la gravedad de los incidentes alrededor del partido de futbol hasta el extremo de asegurar que mujeres de esa nacionalidad fueron violadas en el estadio de la Flor Blanca. En publicaciones hechas en periódicos hondureños nada se menciono acerca de las supuestas <<violaciones>>.

El Observador Oficial de la FIFA que asistió a nuestro país en calidad de observador, desmintió categóricamente las calumnias hondureñas, y quien dirigiéndose al Dr. Jaime Huezo Hidalgo, directivo de la Federación Salvadoreña: de Fútbol, lo hizo en los siguientes y textuales términos:

<<México, D.F. julio 28 de 1969. Jaime Huezo Hidalgo, Federación Salvadoreña de Fútbol, San Salvador, El Salvador:

Como Observador Oficial FIFA partido El Salvador-Honduras del 15 de junio de 1969, afirmó CATEGORICAMENTE que el público salvadoreño dentro del Estadio de Flor Blanca antes, durante y después del Partido, se comportó EN FORMA CORRECTA RESPETANDO Y APLAUDIENDO LOS SIMBOLOS E HIMNO NACIONAL DE HONDURAS, como al Licenciado Pérez Zuñiga, Delegado hondureño cuando izó bandera su país, respetando, además, deportivamente a todos los jugadores e integrantes Delegación Honduras, en su dignidad pudiendo éstos obrar tranquilamente sin consecuencias algunas qué lamentar antes, durante y después del partido, siendo llevados para abordar avión después del partido sin ser molestados y en forma tranquila. F) DIEGO Dl LEO>>

La cancillería hondureña el 25 de junio, emitió un boletín dirigido a sus ciudadanos, con un contenido que evidentemente no había sido elaborado con el fin de apaciguar ánimos nacionalistas. . El boletín gubernamental otorgó a los desórdenes futbolísticos en El Salvador el carácter de una agresión planificada en contra de Honduras, afirmando que los verdugos de los hondureños no fueron grupos aislados de fanáticos del deporte sino que los incidentes hablan sido <<una manifestación masiva del pueblo salvadoreño, ventilando su odio hacia Honduras con gala de salvajismo>>. Los grupos que lapidaron vehículos con placas hondureñas a lo largo de la ruta hacia la capital salvadoreña cumplieron, según el boletín, consignas, las turbas salvadoreñas enardecidas violaron mujeres hondureñas y las sometieron a <<los más vulgares actos>> <<El estallido de violencia anti-hondureñista>> había sido <<algo preparado y cuidadosamente planificado>>. El gobierno hondureño puso además en evidencia su intención de ligar la denuncia de los recientes sucesos violentos en el vecino país con la cuestión de la masiva presencia de inmigrantes salvadoreños en Honduras. El boletín de la Cancillería hondureña hizo referencia a la buena fe mostrada desde hace varios años por el gobierno hondureño materializada en los tratados migratorios con el vecino país que habían sido <<ignorados por miles de salvadoreños que ilegalmente residen en Honduras, y también por su Gobierno, que rehusó poner coto al desenfrenado éxodo de sus compatriotas>>.  El Gobierno de Honduras acusó a <<la opinión pública salvadoreña, con la complacencia y quizás  la instigación de su Gobierno>> de haber provocado la crisis entre ambos países al mismo tiempo que justificó las agresiones en  contra de miembros de la minoría salvadoreña en Honduras que  obviamente, no hablan tenido nada que ver con lo sucedido  alrededor del partido de futbol en San Salvador. La violencia en contra de residentes salvadoreños era, según la cancillería  hondureña, una <<lógica>> reacción. <<explicable y humana>>  del pueblo hondureño ante la violencia anti hondureña en El Salvador que había dejado una <<enorme cantidad>> de mujeres violadas, vehículos automotores destrozados y hombres lesionados brutalmente.

Las falsedades hondureñas llegarian al  mas absoluto ridículo al afirmar que 2 de sus jugadores, quienes gozaban de mucha popularidad en su país, habían sido linchados por una multitud salvadoreña, la cual se había lanzado a los peores excesos después de terminado el segundo encuentro futbolístico en San Salvador.  En el tercer juego que se efectuaria en México, esos deportistas aparecerían completamente vivos y activos.

El canciller Tiburcio Carias Castillo volvió a calificar los ataque contra los residentes salvadoreños y la destrucción de sus propiedades en Honduras como una <<reacción lógica y justa del pueblo hondureño>> en declaraciones hechas ante el periodista Ramón Morones del diario mexicano Excélsior a principios de julio de 1969.

Como era de esperarse, la versión manipulada del gobierno hondureño sobre los acontecimientos de mediados de junio en la capital salvadoreña, produjo gran indignación en la opinión pública de ese país.  Las manifestaciones de hostilidad contra los salvadoreños no solo no cesaron sino que se extendieron al mismo tiempo que las autoridades elevaron el tono de la campaña anti salvadoreña y procedieron a acelerar ritmo de los desalojos de campesinos salvadoreños de acuerdo con el artículo 68 de la ley de reforma agraria.

En la primera semana de junio la prensa salvadoreña comenzó a llamar la atención sobre el ingreso a territorio nacional de  grupos de personas que habían sido obligadas a abandonar Honduras y que carecían de medios de subsistencia. El Diario de Hoy  informo sobre la llegada de los primeros  expulsados de Honduras en sus ediciones del 7 y del 11 de junio 1969. Según los relatos de los retornados, números crecientes de salvadoreños estaban siendo forzados a dejar sus hogares en Honduras con la participación activa de autoridades locales y fuerzas de seguridad auxiliadas en algunas ocasiones por civiles armados. Según el director del Instituto Nacional Agrario Rigoberto Sandoval Correa, el <<desahucio>> de los campesinos salvadoreños asentados en tierras nacionales comenzó el 15 de mayo de 1969, en la zona de Guanchias, donde habían sido identificadas 2000 familias salvadoreñas para proceder a su desalojo.

Para este momento, los medios de comunicación salvadoreños disimulaban o minimizaban los sucesos en el vecino país. El Diario de Hoy reconoció después de la guerra que los periódicos y la radio salvadoreños durante casi medio mes, se abstuvieron de dar a conocer lo que verdaderamente estaba sucediendo en Honduras debido a que, erróneamente, creyeron que con su silencio lograrían calmar la situación y dar paso a un entendimiento pacifico. Lo que contrasta brutalmente con los medios de comunicación hondureños y la insidiosa campaña anti salvadoreña después del segundo encuentro futbolístico.

Al iniciarse la segunda mitad del mes de junio, las autoridades salvadoreñas y algunos grupos destacados de la sociedad civil mantenían todavía un discurso conciliador en relación a los problemas con Honduras. La Conferencia Episcopal de El Salvador, integrada por todos los obispos del país, llamó a la concordia entre ambas naciones al finalizar su reunión el jueves 19 de junio. El arzobispo monseñor Luis Chávez y González, acompañado del obispo auxiliar monseñor Eduardo Álvarez, realizó una visita al presidente Sánchez Hernández, la tarde del mismo día 19, para entregarle personalmente una copia del llamamiento de los obispos. Los industriales salvadoreños organizados en la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) enviaron un mensaje a <<elementos representativos del sector privado hondureño>> solicitando su intervención ante las autoridades de su país para poner fin a los incidentes que habían perjudicado a comerciantes e industriales salvadoreños residentes en Honduras.

Las autoridades gubernamentales salvadoreñas mostraron en aquel momento una actitud conciliadora hacia el gobierno hondureño y evitaron pronunciarse sobre las expulsiones de sus compatriotas cuando la postura oficial salvadoreña fue dada a conocer en una conferencia de prensa el 20 de junio, en la cual estuvieron presentes el ministro de relaciones exteriores José Francisco Guerrero y el subsecretario de relaciones exteriores Guillermo Paz Larín, junto con el ministro del Interior Humberto Guillermo Cuestas y el subsecretario del interior Francisco Bolaños Lemus. Los altos funcionarios salvadoreños manifestaron que a pesar de no disponer todavía de informes oficiales, el gobierno salvadoreño había mantenido contacto con su contraparte hondureña. Los funcionarios gubernamentales negaron las expulsiones masivas de salvadoreños del territorio hondureño y restaron importancia a las denuncias de actos violentos contra personas de origen salvadoreño en el país vecino, a los que calificaron de incidentes aislados. Los representantes del gobierno equivocadamente destacaron la colaboración del gobierno hondureño, que según ellos, estaba actuando con energía contra las manifestaciones de hostilidad contra la minoría salvadoreña.

El gran peso que significaba la atención de los numerosos expulsados carentes de recursos propios que ingresaban al país diariamente cayó principalmente en la Cruz Roja Salvadoreña. Hasta la noche del domingo 22 de junio, el total de salvadoreños expulsados de Honduras controlados en los puestos fronterizos ascendían a más de 3500 personas. Se presumía además que otros centenares de expulsados habían ingresado al territorio nacional por lugares no controlados por las autoridades. El  Amatillo registró 462 personas el viernes 20 de junio, 1,200 personas el sábado 21  y 750 personas el domingo 22 de junio. El sábado 21 de junio ingresaron por Perquín 80 personas y el domingo 22 de junio entraron 45. Las autoridades de migración de El Poy reportaron el ingreso de 43 expulsados el día sábado 21, 30 personas el domingo 22 y 12  el día lunes 23 de junio, sumando un total de 2,622 expulsados, los cuales sumados a los 881 expulsados de la semana anterior hacían un total de 3,503 personas. Muchos de estos estaban debidamente documentados con permisos de residencia gestionados por autoridades consulares salvadoreñas en territorio hondureño.

 

Portada del diario Latino donde informaba acerca del número de salvadoreños expulsados, que aumentaba día a día.

 

Ante la gravedad de la situación el Comité de Emergencia Nacional acordó finalmente decretar la emergencia nacional el 23 de junio y cito a representantes del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), Cáritas, Salud Publica, Obras Publicas y Defensa Nacional, a una reunión con el propósito de coordinar acciones para satisfacer las necesidades de alimentación, asistencia médica, vestuario, alojamiento y trabajo de los expulsados. La cobertura noticiosa del éxodo salvadoreño adquirió intensidad y movilizo a amplios sectores sociales que espontáneamente procedieron a brindar su auxilio a los recién llegados.

El martes 24 de junio hubo un cambio notable en el discurso del gobierno salvadoreño que, a partir de ese momento, asumió públicamente una posición enérgica hacia el gobierno hondureño. Conceptos novedosos en el ámbito político nacional como derechos humanos y genocidio aparecieron reiteradamente en el nuevo discurso oficial junto a términos de carácter patriótico como dignidad nacional.

El presidente general Fidel Sánchez Hernández lanzó un llamado a las fuerzas vivas del país después de denunciar la violación de los Derechos Humanos de millares de salvadoreños radicados en Honduras. Sánchez Hernández explicó que había realizado gestiones a favor de los compatriotas en Honduras desde los primeros incidentes ocurridos en aquel país y que había mantenido comunicación telefónica con el presidente hondureño pero que <<los atropellos se habían recrudecido>> a pesar de que el general López Arellano había ofrecido su colaboración para evitarlos. El general Sánchez Hernández subrayó que los salvadoreños no olvidarían jamás el mes de junio de 1969 debido al <<doloroso éxodo causado por la increíble reacción de primitivismo de los hondureños>>

En un comunicado emitido el 23 de junio se había dado a conocer la formación de Frente de unidad Nacional entre el gobierno y los partidos políticos. La Asamblea Legislativa aprobó el 24 de  junio una moción para emitir un pronunciamiento <<contra  la violación de los Derechos Humanos y de la Dignidad Nacional por parte del gobierno de Honduras>>. La acusación oficial salvadoreña de genocidio contra el gobierno hondureño apareció ese mismo día en un comunicado del Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, la afluencia de expulsados por las fronteras norte y oriente crecía a cada momento. El 21 de junio ingresaron 1384 personas,  23 de junio 2093 personas, todas estas por la frontera El Amatillo, la mayoría con huellas visibles de maltrato. Los cuadros de los expulsados era el mismo: en la expulsión intervino cada vez alguna autoridad: comandantes locales, alcaldes, etc. La mayor concesión que permitían era un plazo de hasta 3 días para abandonar el territorio hondureño, teniendo por anticipado el secuestro de sus casas, posesiones y terrenos cultivados. La mayor parte de los primeros expulsados procedía del Departamento de Olancho.

A pesar de la denuncia hecha por el gobierno de El Salvador ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA el 24 de junio de 1969, esta comisión no daba señales de intervenir a pesar de las reiteradas suplicas tanto del gobierno como de numerosas instituciones y organizaciones cívicas, privadas y organismos oficiales.

Entonces El Salvador no hizo sino tomar el único camino posible. El 26 de junio de 1969 a las 23 horas y 30 minutos el canciller salvadoreño Dr. Francisco José Guerrero entregó al encargado de Negocios de la embajada hondureña una nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Honduras Dr. Tiburcio  Carías Castillo, comunicándole que el Gobierno de El Salvador había resuelto romper relaciones diplomáticas con su  gobierno a partir del momento del recibo de dicha nota debido a  habían ocurrido y  <<Continúan ocurriendo en esa República, (…) homicidios, vejaciones y violaciones de mujeres, despojos, persecuciones y expulsiones masivas de que se ha hecho víctimas a millares de salvadoreños por el solo hecho de su nacionalidad, sucesos que no tienen precedente histórico en la región centroamericana ni en América>>. Desde ese momento, La República Mexicana atentamente se hizo cargo de los intereses salvadoreños ante Honduras.

En medio de todas estas circunstancias, se llegó al juego final de la eliminatoria para el mundial de México 1970. Este debía desarrollarse en cancha neutral, por lo que la Confederación Norte-Centroamericana de Futbol (CONCACAF) señalo a la Ciudad de México como punto del encuentro a realizarse el 27 de junio de 1969.

El resultado fue un nuevo triunfo para El Salvador por 3 goles contra 2. Después de la eliminación de Honduras en la eliminatoria, recrudeció la persecución: El 30 de junio el éxodo de salvadoreños que reingresaban a su patria alcanzaba la cifra de 75000. En las ciudades principales los salvadoreños fueron acosados en sus domicilios o cazados en las calles.  La crueldad llego a sus límites en esta nueva etapa de saqueo, incendios y violaciones.  Los salvadoreños vieron antes de morir, como sus hijas, hermanas y mujeres eran violadas y asesinadas con lujo de barbarie. Grupos de hombres fueron amarrados y arrojados vivos a los ríos, mientras otros colgaban de los arboles sirviendo de blanco para prácticas de tiro.

 

En esta fotografía del diario El Grafico de Guatemala puede verse como efectivos del comité cívico para la defensa llevan detenido a un salvadoreño a quien acaban de obligar a bajarse de un vehículo.

En esta fotografía del diario El Grafico de Guatemala puede verse como efectivos del comité cívico para la defensa llevan detenido a un salvadoreño a quien acaban de obligar a bajarse de un vehículo.

 

Luego de estos horrendos acontecimientos, la cancillería salvadoreña recibió respuesta de la comisión de derechos humanos de la OEA, en la cual se prometía actuar en la investigación de los sucesos. También comenzaron las gestiones de los demás países centroamericanos para mediar en el conflicto.

Los cancilleres de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica constituidos en comisión mediadora ofrecieron sus servicios instando a los gobiernos salvadoreño y hondureño a tomar medidas enérgicas para detener el conflicto entre ambos países antes que la situación se agravara aún más.

Dicha comisión presento a ambos países un pliego de 8 recomendaciones, entre las cuales podemos citar las más importantes: en primer lugar los dos gobiernos deberían de ejercer efectivamente su autoridad para evitar atropellos contra la dignidad, la vida y el patrimonio de los connacionales de ambos países. En segundo término deberían ambos gobiernos deponer sus actitudes belicistas y retirar sus fuerzas armadas a por lo menos 5 kilómetros de la frontera común. También propuso a ambos gobiernos suprimir inmediatamente la propaganda radial, escrita o televisada dirigida a exaltar los ánimos contra los gobiernos y nacionales de los dos países. Asimismo invitaba a ambos gobiernos a proceder a una investigación exhaustiva de los daños a la propiedad con el propósito de determinar responsabilidades y asegurar las debidas indemnizaciones así como a iniciar investigaciones judiciales para deducir responsabilidades por los acontecimientos que originaron el conflicto.

El Salvador rechazo la propuesta de retirar sus tropas de la línea fronteriza para crear una zona desmilitarizada de 5 kilómetros a cada lado de la frontera. Es dudoso que de haberse aceptado las recomendaciones de la comisión mediadora centroamericana, Honduras cumpliera con su parte del acuerdo, ya que rechazo enfáticamente el punto referente a las indemnizaciones. El diario costarricense La Nación cito a fuentes hondureñas afirmando que <<definitivamente El Salvador está soñando si piensa que Honduras va a pagarle alguna indemnización>>. No conformes con semejante atropello el Dr. Armando Rivera, director general de Agricultura de Honduras expreso que por el contrario, los salvadoreños deberían pagar a Honduras 2167 millones de lempiras <<por uso de la tierra, descombro de extensas regiones de bosque, explotación de aguas y explotación ilegal de pesca>>.

La hostilidad contra la minoría salvadoreña en Honduras subió de tono. Los salvadoreños inclusive los residentes legales cuya documentación era destruida por las autoridades, eran expulsados sin contemplaciones en grupos cada vez más numerosos. Grupos de vecinos y estudiantes fueron movilizados para   ubicar y controlar a la población salvadoreña residente a la que se consideraba como una potencial amenaza <<Quinta columnista>> en la retaguardia hondureña. <<Comisiones>> integradas por estudiantes de diferentes centros educativos de Tegucigalpa fueron organizadas para levantar censos de la población salvadoreña en barrios  y colonias de dicha ciudad. Las comisiones anotaban los números de las casas, calles y avenidas en donde residían familias salvadoreñas que se negaban a proporcionar los nombres de sus integrantes. La actividad de las comisiones se desarrolló en los 18 departamentos del país.

 

 

 

 

 

 

El agresivo lenguaje nacionalista anti salvadoreño, utilizado por el director del INA, Rigoberto Sandoval, publicado por el diario El Cronista el 18 de junio de 1969 indicaba que << 18 aldeas serán limpiadas de guanacos en Yoro >> (el termino guanaco era usado como un término peyorativo de mal gusto y despectivo) y refleja el espíritu que impulso la reforma agraria.

 

 

 

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VI- Los periódicos hondureños fomentaron el odio y la persecución de los salvadoreños. El Cronista el 18 de junio de 1969 indicaba que “18 aldeas serán limpiadas de guanacos en Yoro” (foto Libro Blanco de El Salvador)

 

 

Residentes salvadoreños acusados de ser quinta columnistas fueron víctimas de agresiones violentas de parte de autoridades hondureñas auxiliadas en muchos casos por civiles y viceversa. De acuerdo con lo relatado por los refugiados, un número no determinado de sus compatriotas fallecieron a consecuencia de los maltratos recibidos en tales incidentes.  Es preciso señalar que mientras nuestros connacionales en Honduras eran perseguidos ferozmente, los ciudadanos de esa nacionalidad residentes en El Salvador no habían sido objeto de actos hostiles en contra de su propiedad o integridad física.

 

 

 

Los hondureños residentes en El Salvador no sufrieron daños contra su propiedad o integridad física.

 

 

El gobierno hondureño no se apartó un milímetro de su rotunda negación de la naturaleza coercitiva del éxodo  salvadoreño así como de su determinación de continuar con las expulsiones, justificadas por la aplicación de una ley agraria  discriminatoria y sin indemnizaciones. La posición del gobierno hondureño en relación al retorno masivo de salvadoreños a su  país de origen fue dada a conocer el 8 de julio ante el subcomité  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  por el canciller Carías Castillo en Tegucigalpa. Carías Castillo afirmó que la mayoría de los salvadoreños que se congregaban en campos de refugiados en su país <<para impresionar>> eran toda clase de <<maleantes: prostitutas, ladrones y en general  delincuentes salvadoreños de toda estipe>> El canciller Carías Castillo sostuvo que las autoridades gubernamentales hondureñas no habían ordenado expulsar a los salvadoreños y que los que habían regresado a su país lo hacían por carecer de documentos y para <<obtener ayuda como refugiados>>

Carias Castillo agrego que otros se habían ido de Honduras debido a que <<entendían perfectamente cuan natural y justificable era la furia del pueblo hondureño frente a los abusos sufridos en El Salvador por miles de hondureños>>

Las infames expresiones de Carias Castillo dejaron inmediatamente claro que el gobierno de su país no se proponía asumir una actitud más flexible en relación a la crisis producida las expulsiones masivas de salvadoreños del territorio hondureño. El Gobierno de Honduras no fue capaz de prever en ese momento las consecuencias de su política anti salvadoreña particularmente, el impacto producido por las expulsiones masivas de campesinos en los círculos de poder salvadoreños.

 

 

 

 

 

 

James Rowles en su obra <<El Conflicto Honduras-El Salvador>> especula que el gobierno salvadoreño de la época fue a la guerra porque las medidas hondureñas significaban el cierre de la válvula de escape tradicional de los excedentes de población salvadoreña. El tiempo probaría que estas afirmaciones no fueron realistas ni se cumplieron los temores de que el regreso de todos los expulsados al país, produciría una peligrosa situación que derivaría en una revolución como la de 1932, ya que el éxodo continúo en la post guerra sin que se produjera el cataclismico  cambio en el orden establecido vaticinado por dicho autor.

Por su parte, el gobierno de Honduras no estaba dispuesto a revisar sus políticas para facilitar una solución negociada a la crisis; por el contrario, el ministro de Gobernación y Justicia de Honduras, Virgilio Urmeneta Ramírez, reiteró públicamente, al finalizar la primera semana de julio, la determinación del gobierno de su país de continuar aplicando <<con toda energía la ley de migración a los salvadoreños en Honduras>>. Las declaraciones públicas altaneras e intransigentes de representantes del gobierno hondureño confirmaban al gobierno salvadoreño que la opción militar era la única para la crisis. El vocabulario extremadamente agresivo de los medios de comunicación hondureños contribuyó a crear un ambiente prebélico que indudablemente influyó en la toma de decisiones del gobierno y los militares salvadoreños, favoreciendo finalmente a los partidarios de la solución militar en la disputa entre ambos países. Fuentes de inteligencia del gobierno americano observaron que los medios de prensa de Honduras se habían sentido libres para desplegar una agresividad excesiva debido a que confiaban en que los Estados Unidos nunca permitirían que la disputa con El Salvador se saliera de control.

El presidente salvadoreño trato hasta el último momento de legar a un entendimiento pacifico con el gobernante hondureño, quien no estaba interesado en dialogar mientras se materializaban agresiones armadas hondureñas en nuestras fronteras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos Diarios La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario Latino, El Mundo. El Salvador años 1968, 1969, 1970.

 

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