Problemas Limítrofes entre El Salvador y Honduras

El Salvador y Honduras formaron parte de la Capitanía General de Guatemala durante el período colonial. A partir de 1821 integraron con Guatemala, Nicaragua y Costa Rica la República Federal de Centroamérica. Al disolverse dicha República en 1839, las provincias asumieron la condición de Estados independientes.

Para dichos Estados se aceptó que las nuevas fronteras internacionales deberían determinarse por medio de la aplicación del principio Uti Possidetis Juris, generalmente aceptado en la América española. Por esta razón, El Salvador, reclamaba como suyo el territorio ocupado ancestralmente por ciudadanos salvadoreños.

Según este principio, las fronteras deberían corresponder a los límites administrativos coloniales, siendo un principio aplicable en las normas internacionales para controversia de fronteras. El problema estaba en determinar donde se encontraban dichos límites debido a la falta de datos dignos de confianza durante la época colonial, ya que la Corona Española no había fijado con precisión los límites de las jurisdicciones y en grandes áreas no se había hecho esfuerzo alguno para establecer una apariencia de autoridad administrativa.

Para muchos investigadores del tema, la causa verdadera de los conflictos limítrofes centroamericanos, se debe a la <<Ordenanza de Intendencia de 1785>>,  la cual señala los límites administrativos en tierras centroamericanas,  pero no los define claramente,  ni mucho menos establece su demarcación.

En este sentido, una de los primeras controversias entre ambos países fue la disputa relativa a unos ejidos, concedidos por la Real Audiencia, el 22 diciembre de 1770, entre los pueblos  de Arambala y Perquín (El Salvador) con Jocoara (Honduras), pero siendo éste, un problema interno, no era posible un conflicto de esta naturaleza dentro de un mismo Estado.

Otra problema surgido entre ambos países es la referente a la Isla El Tigre, donde se establece que mientras aún existía la República Federal de Centroamérica  en 1833,  el Gobierno de El Salvador permitió al de Honduras la ocupación provisional de la Isla El Tigre y Zacate Grande, bajo la condición de que el Gobierno de Honduras desarmaría y concentraría  a los disidentes emigrados de San Miguel, que aislados en aquel territorio,  inquietaban la frontera, y que dicho deposito duraría hasta la completa pacificación de dicho departamento.

La controversia marítima se inició en 1884, cuando El Salvador y Honduras intentaron delimitar varios sectores terrestres y las aguas del Golfo de Fonseca por medio de la Convención Cruz-Letona, la cual Honduras se negó a ratificar.

En el curso de más de un siglo las Partes celebraron numerosas negociaciones y suscribieron varias convenciones, todas fracasadas. He aquí una lista: (1) negociaciones en el Mono, en julio de 1861; (2) negociaciones en la Montaña de Nahuaterique, 1869; (3) negociaciones en Saco, hoy Concepción de Oriente, en 1880; (4) negociaciones de marzo y abril de 1884, que culminaron el 10 de abril del mismo año con la Convención Cruz-Letona, (5) el arbitraje encomendado al Presidente de Nicaragua General Joaquín Zavala; (6) la Convención Zelaya-Castellanos, de 28 de septiembre de 1886, que contemplaba el recurso al arbitraje en caso que fracasaran las negociaciones; (7) nuevas negociaciones en La Unión y Guanacastillo, en noviembre de 1888; (8) la Convención Zelaya- Galindo, de 1889; (9) la Convención de 1895; (10) la Convención de 1897; (11) negociaciones en San José, Costa Rica, en 1906; (12) otras negociaciones en Tegucigalpa, Honduras, en 1918; (13) más negociaciones, en 1949, 1953, 1962, 1965, 1968 y 1969; y (14) negociaciones en Antigua Guatemala en 1972, cuando se identificaron seis <<bolsones>> controvertidos.

En ese año, las delegaciones de El Salvador y Honduras se reunieron en Antigua Guatemala y obtuvieron un acuerdo sobre la mayor parte de la frontera terrestre, dejando seis sectores por determinar. En octubre de 1976 se adoptó el procedimiento de la mediación para resolver lo pendiente. Fue el doctor José Luis Bustamante y Rivero, antiguo presidente de la Corte Internacional, quien sirvió de mediador. La mediación comenzó el 18 de enero de 1978 y concluyó el 30 de octubre de 1980 por medio del Tratado General de Paz.

Anuncios